La desaparición de la Verja y de los controles fronterizos entre La Línea de la Concepción y Gibraltar supone, sin duda, una magnífica noticia para quienes durante décadas han visto cómo una barrera artificial separaba a familias, amistades y comunidades unidas por profundos vínculos sociales, culturales y económicos. La jornada del 15 de julio quedará en la memoria colectiva como el inicio de una nueva etapa de convivencia y normalidad. Sin embargo, esa satisfacción no debe impedir un análisis sereno de un acuerdo que nace incompleto. De los cuatro principios sobre los que se construyó la Unión Europea –libre circulación de personas, mercancías, capitales y servicios– el Tratado se limita a los dos primeros, precisamente aquellos que más interesaban a Gibraltar, dejando fuera cuestiones esenciales para los intereses de España. El acuerdo, además, no afronta problemas medioambientales tan relevantes como los vertidos de aguas residuales sin depurar, las emisiones atmosféricas contaminantes o los rellenos sobre el litoral, cuyo impacto sufren las playas linenses. Tampoco corrige plenamente las diferencias fiscales que siguen otorgando a Gibraltar ventajas competitivas, pese al acercamiento de algunos tipos impositivos, ni establece mecanismos de supervisión sobre una base militar estratégica para el Reino Unido cuya actividad continuará desarrollándose al margen de cualquier control español o europeo.

Celebramos el fin de una frontera que nunca debió convertirse en un obstáculo para la vida cotidiana de miles de personas. Pero también lamentamos que, tras años de negociación, no se haya aprovechado la ocasión para construir un marco verdaderamente equilibrado. La Verja desaparece; las oportunidades perdidas, de momento, permanecen. La prosperidad compartida exige algo más que la libre circulación: requiere también reglas comunes, responsabilidades compartidas y una defensa firme del interés general.