España se sitúa en la decimo séptima posición del ranking mundial de adopción de vehículos eléctricos, logrando una puntuación de 51 sobre 100 según el informe 'Puntuación de madurez en transición energética' de Arval Consulting. Gran parte de la lista está conformada por países del norte y oeste de Europa, donde se combinan redes de carga densas, incentivos públicos sólidos y planes de infraestructura ambiciosos.

Con esta valoración, nuestro país se encuentra en el tercer grupo de la clasificación, definido como «avanzado en la transición, listo para la combinación de eléctricos y motores de combustión interna».

España encabeza este bloque, superando a naciones como Italia (48 puntos), Lituania (47) o Rumanía (46), entre otros. Esta jerarquía internacional evidencia una clara brecha entre regiones, donde Europa destaca por su liderazgo general, mientras que Asia es impulsada principalmente por la potencia industrial de China y el resto del mundo muestra avances más heterogéneos según la capacidad de inversión y la estabilidad de sus políticas de transición.

El estudio revela una marcada división geográfica en la madurez de la transición energética. Mientras que Europa lidera a nivel regional con una media de 50 puntos, existe una clara diferencia entre los países del Norte y Oeste —líderes en adopción e incentivos— y los del Sur y Este, que presentan un despliegue más lento.

El posicionamiento de España refleja una realidad dual. Por un lado, destaca en factores como la paridad del coste total de propiedad (91/100) y la descarbonización de la producción eléctrica (84/100).

Sin embargo, el informe señala puntos críticos que lastran una mejor posición, especialmente la infraestructura de carga pública (15/100), así como las bajas cuotas de eléctricos en las entregas (9/100) y en la flota activa global (4/100).

A este contexto se suma el descontento de los usuarios, reflejado en el Observatorio Cetelem de la automoción en Europa 2026: un 76% de los españoles critica la inestabilidad de las políticas de ayudas, situándose cinco puntos por encima de la media europea, y un 70% considera que dichas ayudas son poco claras.