El grupo identificado como excombatientes, con pancartas, se aglutinó alrededor del Congreso para plantear sus demandas, mientras los jefes de bloques se reunían en la Casa Larrazábal para discutir la agenda de la sesión de este martes; no se incluyeron las peticiones de los manifestantes.

Hace una semana, el Congreso aprobó una ampliación de la Ley de Desarrollo Integral, que hasta entonces era la punta de lanza de las solicitudes de los veteranos militares. Con la aprobación del decreto, se amplía por 36 meses la posibilidad de que el Ministerio de Desarrollo Social pague los Q36 mil a los que tienen derecho los excombatientes inscritos en el programa y que por alguna razón habían incumplido con sus compromisos y se habían atrasado los desembolsos.

Ayer, el grupo dijo que estará manifestando y subiendo las medidas de hecho hasta que sus demandas sean atendidas.

La iniciativa 6623, reforma a la Ley de Régimen Especial de Clases Pasivas para Discapacitados del Estado en el Orden Militar, fue conocida en el pleno el 7 de octubre del 2025.

Fue presentada por varios diputados de distintas bancadas, que proponen mejorar los ingresos económicos de viudas, huérfanos y discapacitados que prestaron servicio militar durante el conflicto armado, a través de pensiones de no menos de Q2 mil y un bono anual no menor de Q500.

La iniciativa 6565, reformas a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, llegó al Congreso el 8 de julio y cuestiona que la actual ley, aprobada en el 2024, deja fuera de los beneficios a una parte de la población que son pensionados pero que no han recibido un incremento en su pensión mensual, por lo que los cambios buscan que se corrija el supuesto error.

Propone la iniciativa que se pueda incluir en forma expresa a los jubilados y pensionados del Banco Nacional de la Vivienda (Banvi), a los discapacitados del Estado en el Orden Militar, jubilados, pensionados y montepíos en el Ejército de Guatemala, a formar parte de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, a pesar de su normativa específica y puedan gozar de los derechos del resto de pensionados civiles.

En esa línea, se propone que las pensiones no sean menores al salario mínimo no agrícola vigente, ni mayores de Q7 mil. Así también se propone que el Estado de Guatemala, como patrono, de forma extraordinaria, autorice un aumento general de Q1 mil a todas las pensiones a otorgadas y los pensionados que no alcancen el salario mínimo vigente, además del incremento de Q1 mil, un ajuste para alcanzarlo.