Una coalición de 23 fiscales generales y dos gobernadores demandaron este lunes a la Administración del presidente Donald Trump para impugnar su más reciente intento de acceder a información personal de niños y familias que reciben ayudas públicas y compartirla con agencias federales, incluidas las migratorias.

En concreto, la demanda encabezada por los fiscales Rob Bonta, de California; Letitia James, de Nueva York; y Brian Schwalb, del Distrito de Columbia, busca bloquear la implementación de un sistema de registros (SORN, por sus siglas en inglés) en las peticiones del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), que brinda ayuda a familias de bajos recursos.

La querella legal apunta que la implementación del SORN permitiría el intercambio masivo de la información más confidencial de los beneficiarios del programa TANF con cualquier entidad federal, estatal o privada que desee, incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de aplicar las leyes migratorias.

Además, la puesta en marcha del SORN ampliaría “drásticamente” el papel del gobierno federal en la supervisión del TANF, advierte la demanda.

"La administración Trump está explotando un programa diseñado para garantizar que los niños no pasen hambre y para ayudar a las familias necesitadas a recuperarse, con el fin de alimentar sus esfuerzos de vigilancia masiva. Es cruel, innecesario e ilegal", declaró en un comunicado Bonta.

Específicamente la demanda pide a un tribunal federal anular la implementación del SORN bajo el argumento de que viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), la Ley de Cruce de Datos Informáticos (Computer Matching Act) y la Cláusula de Gasto de la Constitución.

El programa TANF otorga a los estados más de 16.000 millones de dólares anuales en subvenciones, constituyendo un componente crucial de las iniciativas estatales contra la pobreza y una de las mayores fuentes de asistencia económica directa para familias estadounidenses de bajos ingresos, advierten los demandantes.

Los fiscales de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, y Wisconsin, así como los gobernadores de Kentucky y Pensilvania se unieron a la demanda.

Lea también: Agentes vestidos de civiles: por qué han aumentado los operativos migratorios en aeropuertos de EE. UU.