Ante la impotencia de las administraciones encargadas de evitarlo, España arde este verano en la oleada más grave de incendios forestales de nuestra historia reciente. En lo que va de año, la cifra de hectáreas arrasadas se sitúa en el entorno de las 120.000, según datos oficiales, y se han producido 29 siniestros que han recibido la calificación de Gran Incendio Forestal (GIF). En 2025, que no fue un año especialmente bueno, las hectáreas quemadas eran unas 30.000 y los GIF sumaban nueve. El balance de este año es desolador: catástrofes con una elevada pérdida de vidas humanas, como el de Los Gallardos, en la provincia de Almería, con 13 muertos; fuegos que han quemado extensiones enormes, como el de Guadalajara que ha calcinado más de 35.000 hectáreas, o tan complejos como los de Madrid y Ávila de estos días que han llevado al Gobierno a decretar la emergencia nacional –algo que solo ha ocurrido en el apagón de abril de 2025– y a pedir ayuda a la Unión Europea. Aunque nadie niega que hay factores de cambio climático que han incrementado el número y la gravedad de los incendios, es evidente que algo está fallando en las políticas de prevención y control de unos fenómenos que han incrementado en los últimos años su peligrosidad para las personas y su letalidad para el medio ambiente. La situación que se ha creado este verano ha confirmado que las comunidades autónomas se ven impotentes para hacer frente a la violencia de los incendios y que es necesaria una participación del Gobierno central. El siempre anunciado y nunca formalizado pacto de Estado para hacer frente a los incendios forestales debería ser una realidad inmediata que blinde y centralice los trabajos de limpieza y prevención que se deben realizar en invierno y que active sin necesidad de peticiones expresas o protocolos complejos todos los recursos cuando el siniestro está en sus primeras fases. Es una cuestión que, como se está viendo este verano, no puede seguir esperando.