Cuando el Tribunal Supremo hizo pública la sentencia del denominado caso Mascarillas muchos analistas señalaron que se consagraba una vía para animar a la colaboración con la Justicia en los casos de corrupción política. Las duras penas impuestas al ex ministro José Luis Ábalos y a su asistente Koldo García, plenamente justificadas en la resolución, y la levedad con la que fue tratado Víctor de Aldama, centro y factótum de toda la trama corrupta, así lo apuntaban. Aldama prestó, tanto en fase de instrucción como en la vista, el testimonio más contundente para la inculpación, después de que se prestara a colaborar con las autoridades judiciales a cambio de un trato de favor. De hecho, como se sabe, la pena impuesta a Aldama no ha supuesto su ingreso en prisión. Estos antecedentes son los que ahora parece que impulsan los testimonios que señalan al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como intermediario y beneficiario de una importante comisión en el rescate por el Gobierno de la aerolínea Plus Ultra. Aunque hasta que no haya sentencia firme el ex presidente goza de la presunción de inocencia, los testimonios que empiezan a acumularse, de su amigo José Luis Martínez y de los directivos de Plus Ultra, lo colocan en una situación muy comprometida. Todavía más grave es que esos testimonios apuntan también de forma muy directa al presidente Pedro Sánchez y a su Gobierno. La figura del acusado que se presta a colaborar para reducir su pena no es nueva, pero ha recibido un impulso determinante con la que ha dado en llamarse la vía Aldama. Nada se debe objetar desde el punto de vista jurídico. La investigación de la corrupción política es complicada y enrevesada. Que personas que han estado en el centro de las tramas ayuden a desenvolver el ovillo debe ser considerado como un bien para la colectividad. Otra cosa es que delincuentes con responsabilidades muy graves se vean impunes. Es un interesante debate jurídico, pero también social.