La Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 30.000 euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la tecnológica coruñesa Altia al considerar acreditada su participación en un cártel de consultoras que coordinó ofertas en una licitación pública. La sentencia rechaza el recurso de la compañía y avala la resolución del regulador.

La sanción se basa en una licitación del proyecto Smart Bilbao, en la que el tribunal considera probado que Altia coordinó su oferta con otra consultora. La resolución cita correos electrónicos entre ambas empresas como principal prueba de esa colaboración.

Aunque la compañía defendió que esa actuación no le reportó ningún beneficio económico, la Audiencia concluye que ese hecho no impide la sanción.

Según fuentes de Altia, la empresa “respeta la decisión judicial”, aunque mantiene que su posición jurídica “es la correcta” y seguirá “todos los cauces administrativos disponibles para defenderla”.

La compañía subraya que los hechos son “muy antiguos y de alcance muy limitado”, que la multa “ya se hizo efectiva hace muchos años”, por lo que la sentencia “no tiene ningún impacto material en la actividad de la compañía”. Por último, reafirma su “compromiso con la ética empresarial y el cumplimiento de las normas de competencia”.