El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha encargado al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presidido por José Félix Tezanos, un amplio estudio para medir las opiniones y expectativas de los españoles ante la vivienda y la situación del mercado inmobiliario. El denominado 'Barómetro de Vivienda 2026' tendrá un coste máximo de 288.000 euros y deberá estar terminado antes del próximo 30 de noviembre.

El objetivo es conocer hasta qué punto la vivienda se ha convertido en una preocupación para los ciudadanos, cuáles son sus principales dificultades para acceder a una casa y cómo valoran las políticas impulsadas por las administraciones. El estudio analizará tanto la compra como el alquiler y permitirá al Ministerio obtener información sobre las demandas y preferencias de la población.

El cuestionario también entrará en algunos de los asuntos que concentran buena parte del debate inmobiliario. Entre ellos aparecen la proliferación de las viviendas de uso turístico, la concentración de la propiedad y la inversión inmobiliaria extranjera. Vivienda podrá incorporar otros temas que considere relevantes, siempre que los acuerde previamente con el CIS y no alteren el contenido esencial del convenio.

El barómetro servirá, por tanto, para tomar el pulso a la percepción social sobre el mercado residencial y evaluar la acogida de las políticas públicas. Una vez recibidos los resultados, el ministerio podrá realizar análisis específicos, cruzarlos con otras bases de datos disponibles y elaborar informes internos para estudiar el funcionamiento de las medidas que ya están en marcha.

El documento permitirá conocer, además, cómo cambian las opiniones según el perfil de los entrevistados. Los resultados se desglosarán por sexo, edad, tamaño del municipio, nivel de estudios, ocupación y clase social subjetiva, entre otras variables. También se analizarán en función del recuerdo de voto y de la posición ideológica declarada por cada participante.

El acuerdo fue firmado el pasado 17 de junio por el subsecretario de Vivienda y Agenda Urbana, Pablo Torres Paniagua, y el presidente del CIS. El organismo demoscópico asumirá la dirección técnica de los trabajos, mientras que el ministerio podrá proponer los asuntos que se incluirán en la parte variable del cuestionario.

El presupuesto de los trabajos asciende hasta los 288.000 euros, aunque el ministerio no desembolsará la totalidad de esa cantidad: Vivienda aportará 144.000 euros mediante un único pago cuando hayan terminado los trabajos y se haya entregado toda la documentación.

El CIS asumirá los otros 144.000 euros mediante los medios y recursos que dedicará al proyecto. Del coste total, 258.000 euros corresponden al trabajo de campo, mientras que los 30.000 euros restantes se destinan al diseño del cuestionario y la muestra, así como a las tareas de supervisión y coordinación.

La investigación se realizará mediante unas 6.000 entrevistas telefónicas a mayores de edad residentes en España, repartidas en tres oleadas. La muestra buscará ofrecer resultados representativos tanto a escala nacional como por comunidades y ciudades autónomas.

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