Muchos propietarios desconocen que un gesto tan cotidiano como encender el extractor de la cocina puede derivar en un conflicto legal con la comunidad y costosas sanciones administrativas. El error común de mantener un sistema de extracción defectuoso, que derive humos y olores a viviendas vecinas o que esté conectado incorrectamente a conductos comunitarios, es ahora el objetivo de las autoridades locales.

La normativa actual es clara: la instalación de estos equipos debe garantizar la salubridad y el bienestar de todos los ocupantes del edificio. Incumplir con el mantenimiento o realizar modificaciones no autorizadas en el sistema de evacuación de aire viciado puede activar acciones judiciales inmediatas y multas que, dependiendo de la ciudad, alcanzan cifras considerables.

El Código Técnico de la Edificación (CTE), en su Documento Básico de Salubridad HS 3, exige que las viviendas dispongan de medios adecuados para ventilar los recintos "eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios". En el caso de las cocinas, la zona de cocción debe contar con un sistema específico de "extracción mecánica" capaz de evacuar los vapores y contaminantes generados durante el uso normal.

Por ello, un extractor mal conectado, sin sistema antirretorno o con filtros obstruidos puede dejar de cumplir su función y trasladar humos, olores o grasas a otros puntos del edificio. No se trata solo de una molestia vecinal: una instalación defectuosa puede comprometer la salubridad del inmueble y reforzar la responsabilidad del propietario ante la comunidad. En el caso específico de instalaciones térmicas, la evacuación debe producirse, con carácter general, por la cubierta del edificio.

Por su parte, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece límites estrictos al uso de la propiedad privada para asegurar una convivencia pacífica. En su artículo 7.2, la ley es tajante respecto a lo que un vecino puede o no permitir en su hogar: "Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".

Un extractor de humo que vierte olores persistentes a través de patios comunes o fachadas se clasifica a menudo bajo estas categorías, otorgando al presidente de la comunidad la facultad de exigir la "inmediata cesación" de la actividad. Si el error no se subsana, el juez puede llegar a privar al infractor del uso de la vivienda por un periodo de hasta tres años.

En Catalunya, la regulación de la convivencia en edificios cuenta con un marco jurídico propio que complementa y, en ocasiones, sustituye a la ley estatal. El Libro quinto del Código Civil de Catalunya es la norma que rige la propiedad horizontal en este territorio, estableciendo que el derecho de propiedad debe ejercerse siempre "de acuerdo con su función social y dentro de los límites y con las restricciones que establecen las leyes". Esto implica que cualquier sistema de extracción debe ajustarse a normas que protejan el bienestar común. Asimismo, a diferencia de la legislación estatal, esta establece que la privación del uso y disfrute del elemento privativo no puede exceder de dos años.

La legislación catalana es especialmente detallada en cuanto a las molestias entre vecinos, regulando de forma específica las "relaciones de contigüidad, el estado de necesidad y las emisiones". Bajo este ordenamiento, un extractor defectuoso que traslade humos u olores se considera una vulneración de los límites de la propiedad, los cuales se establecen "en intereses particulares indeterminados, normalmente vecinos, incluidos en estos casos los copropietarios de los inmuebles sometidos al régimen de la propiedad horizontal". Para atajar estos problemas, la ley catalana faculta a las comunidades de propietarios para ejercer la "acción de cesación sobre determinadas actividades" que resulten molestas o insalubres, garantizando así la salubridad del inmueble.

Más allá de las acciones civiles, los grandes ayuntamientos han equiparado el vertido inadecuado de humos con infracciones graves de salubridad. Existe un claro punto de unión en las sanciones de Madrid y Barcelona, ya que las multas pueden alcanzar los 3.000 euros en ambos casos.

En la capital, la Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública establece este máximo para casos de incumplimiento total de los requerimientos de subsanación o cuando existe un riesgo para la salud. Por su parte, en Barcelona, la normativa es igualmente estricta: aunque las multas por molestias menores son inferiores, estas escalan hasta los 3.000 euros específicamente cuando un extractor deriva los gases hacia un patio interior cerrado, alterando gravemente la calidad del aire de la comunidad. "La cuantía de la multa no podrá exceder de 3.000 euros y se actualizará anualmente conforme a la evolución anual del IPC". Estas sanciones pueden reiterarse cada quince días hasta que el sistema de extracción cumpla con la normativa de higiene y salud.

Fuente: El Periódico