En diálogo con EL TIEMPO, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez aseguró que la propuesta de Iván Cepeda sobre la desobediencia civil no es lo suficientemente clara y cuestionó la política de 'paz total' del Gobierno. Además, se refirió a la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe, destacando la importancia de que el proceso judicial se adelante con respeto por las garantías y conforme a la ley.

Estamos en el empalme entre el gobierno Petro y el presidente electo, Abelardo de la Espriella. ¿Cómo ve el ambiente político?

Es normal que cuando hay cambio de orientación haya estas tensiones, que tampoco nos deben preocupar mucho. Los colombianos nos dejamos meter unos cuentos como el de la polarización. Entonces, cuando alguien va a plantear un debate, dicen no, porque eso polariza. La polarización no es mala. La política, per se, es polarizante. Por eso es que me parece que esta coyuntura sería importante para que se restablezca el esquema Gobierno-oposición, que lo ensayó Virgilio Barco en el año 86 y funcionó, y hubo debates intensos contra el Gobierno. Entonces a mí no me asusta que haya esas diferencias, incluso a veces hasta pasada de lengua, pero a veces, como decía mi papá, palabra no rompe hueso. La polarización no es mala, siempre que no pase las armas, que no pase al uso de métodos indebidos como las mentiras o fake news.

¿Qué ve que sí sea riesgoso?

Me parece que se corrigió cuando inicialmente el presidente Petro no aceptó los resultados, cuando pasó con el candidato derrotado Cepeda, que por cierto no está tan derrotado, es la cabeza de una coalición de 12 millones de personas y llega como jefe de oposición con una bancada importante.

Alfonso Gómez Méndez. Foto:Claudia Rubio. Archivo EL TIEMPO

Iván Cepeda habló de desobediencia civil, ¿qué le parecieron sus planteamientos?

Yo creo que es algo de lo cual se habla sin precisar exactamente de qué se está hablando. ¿Qué quiere decir desobediencia civil? Es lo primero que hay que preguntar. Ya está claro que los resultados no se pueden desconocer, porque la autoridad electoral ya habló. ¿Desobediencia civil oponerse en el Congreso a la del Gobierno? Pues eso es legítimo. ¿Desobediencia civil es hacerle grandes debates al gobierno que llega?, pues es legítimo. ¿Desobediencia civil es incluso convocar a manifestaciones para ambientar oposición al Congreso?, eso es legítimo. Lo que no es legítimo es utilizar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. ¿O la desobediencia civil sería no pagar impuestos? ¿No reconocer la autoridad de un policía?, ese tipo de desobediencia civil sí no se puede admitir, pero yo creo que la calentura no está en las sábanas y que en dos meses el país va a volver a su tranquilidad.

¿Cuál es su balance de la ‘paz total’ de Petro? Se conocieron hace poco gabelas que ofrecía Danilo Rueda al ‘clan del Golfo’...

En el curso de mi vida fui partidario de la negociación política para la solución del conflicto armado, para lo cual hay dos medios: la vía militar o la vía de la negociación. La verdad es que todos los gobiernos las han ensayado simultánea o alternativamente. Pero pienso que hoy en día no existe lo que normalmente se llama el conflicto armado, que eran grupos armados que querían cambiar el Estado con intención política. Menciono a las Farc en su época, el Eln, el Epl, el M-19, pero de un tiempo a esta parte yo creo que ya no tiene sentido darles tratamiento político a delincuentes comunes. Y lo que hoy en día, y ese es el gran error de lo que se llamó la ‘paz total’, consiste en creer que el Estado debe negociar con delincuentes de todos los pelambres. A diferencia de los delincuentes políticos que buscaban sustituir el Estado, ahora buscan es doblegar al Estado para que les permitan sus negocios ilícitos, de la minería ilegal, del narcotráfico. A mi juicio, fue el error de concepción aplicarle los mecanismos propios de un proceso de paz de verdad a unos delincuentes que no tienen connotación política.

Ministros en el debate de la paz total Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO

Se abrieron diálogos con muchos grupos...

Esto se convirtió en una patente de corso para la impunidad, y en ese orden de ideas son absolutamente escandalosas las grabaciones y la investigación de Noticias Caracol, en donde demuestran a un Estado por debajo de la mesa, a escondidas de los colombianos, entregando el Estado, el control del orden público, incluso la seguridad de los colombianos. A cambio, vaya uno a saber de qué. La Procuraduría abrió una investigación, y la Fiscalía también lo hizo para saber qué pasó.

¿Cree que el Eln debería recibir tratamiento político?

Alguna pizca de política le puede quedar todavía al Eln, aun cuando es muy difícil. No se trata de soluciones militaristas, claro está, pero el Estado no puede seguir siempre con la misma estrategia de indultos, amnistías hasta que se dé la entrega total del Estado. Los indultos y amnistías tienen que tener efectos transitorios, pero en algún momento el Estado tiene que recuperar el control del territorio; no puede haber negociaciones permanentes.

Según le entiendo, la vía que usted sugiere es la del sometimiento...

Pues yo creo que para organizaciones sin ninguna connotación política, la única opción es el sometimiento, que tiene para ellos también sus ventajas.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ Foto:Universidad Externado

Por otro lado, se viene el congreso constitucional la próxima semana, y usted hará parte de él...

El Externado es sede de un evento muy importante, que es el Congreso Mundial de Derecho Constitucional. Colombia es sede por primera vez en la historia del constitucionalismo, y ha sido posible gracias a la labor del rector Hernando Parra, que realizó todas las coordinaciones. Es la reunión de los constitucionalistas del mundo, y se va a ocupar de muchos temas que afectan la agenda de la región, pero también la agenda de Colombia. Entre otros, en qué medida las constituciones pueden hacer frente a los problemas reales de nuestra sociedad: la desigualdad social, la división de poderes, la independencia, los problemas derivados de la migración, de los desafíos de la inteligencia artificial. Y en qué medida las constituciones guardan relación con la vida política real, porque parecería haber una dicotomía entre lo que se dice en las constituciones y la práctica.

¿Por qué lo dice?

Tenemos una constitución que habla de la separación de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo, pero vía el clientelismo pues no hay esa separación real. En el congreso, otro de los temas que se tratará es el de cómo hacer frente a problemas como la crisis de los partidos, el autoritarismo, el fenómeno de la antipolítica y de los outsiders, que ha llevado a que en muchos países la ciudadanía no crea en los partidos, cuando una democracia realmente los necesita. No como aquí, que tenemos microempresas electorales o entelequias sin contenido político real.

¿En manos de quién está corregir problemas como el de las microempresas que menciona?

He venido analizando en mis columnas de EL TIEMPO cómo la Constitución del 91, con el aparentemente loable propósito de acabar con el bipartidismo, que eran más o menos ideas de Álvaro Gómez y de Antonio Navarro, terminaron en la práctica acabando con los partidos. No hay que ser nostálgico del bipartidismo, no. Pero sí se necesitan partidos, pero de verdad. Es decir, con ideología, programas, organización. Yo celebro lo que acaba de pasar en las elecciones del Congreso porque se demostró que los partidos que comienzan a organizarse son los que sacan mayor votación. El Centro Democrático y particularmente el Pacto Histórico. Eso es positivo, pero claro, primero tendría que decantarse. Hay una pregunta: ¿son realmente partidos que obedecen a planteamientos de izquierda?

Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes. Foto:EL TIEMPO

En una de sus recientes columnas habló de la politización de la justicia y la judicialización de la política...

Ese es uno de los temas que creo que también se va a tratar en el congreso, que es una frontera. Son dos conceptos que van por carriles distintos. Pienso que también en la Constitución del 91, probablemente sin proponérselo, se introdujeron elementos de politización en la justicia. Lo explico: durante el periodo de la violencia, intervenciones judiciales atizaron algunos de esos episodios. Por eso, en el plebiscito de 1957 se determinó claramente que ni el Congreso ni el presidente intervenían en la integración de las altas cortes. Existía el mecanismo de la cooptación, y hoy tenemos que el presidente participa en la elección del procurador, en la del fiscal y en la tercera parte de la elección de la Corte Constitucional. Además agregó otro elemento, y es que al darles funciones electorales a las cortes, introdujo la clientelización en la política; eso me parece que en algún momento hay que replantearlo, pero hubo otro cruce.

¿Cuál es, exfiscal?

Se cambió la inmunidad que existía antes por fuero en el caso de los congresistas. Eso llevó a que hoy los congresistas investigan a los magistrados y los magistrados a los congresistas. Eso me parece que es absolutamente inconveniente porque el resultado ha sido el que ni se investiga seriamente a los congresistas, porque no hay un tribunal de verdad, ni se investiga seriamente a los parlamentarios. Ha habido casos en que, cuando un magistrado le inicia una investigación a un parlamentario, este a su vez en la Comisión de Acusaciones llama indagatoria al magistrado. Todos son elementos que podríamos decir son politización de la justicia. De otro lado, hay algunas decisiones que pueden ser interpretadas como una intromisión de la justicia en las controversias políticas. Lo que ocurrió en estas pasadas elecciones, para saber si se podía usar o no la camiseta de la Selección Colombia. Jamás hay que acabar con la tutela, pero sí demarcar claramente su competencia, porque o si no nos vamos a encontrar el 6 de agosto a un juez de tutela que diga que el presidente elegido no se puede posesionar.

¿Cómo solucionar lo de la elección de magistrados de altas cortes?

Yo pensaría que a nivel de las altas cortes puede haber un sistema de cooptación, con unos mecanismos serios de concurso, y no de carrera, que funciona bien hacia abajo con magistrados de tribunal. Pero sí hay que tratar de eliminar elementos que puedan dar pie a que se politice la justicia o que se judicialice la política.

El expresidente Álvaro Uribe. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

El expresidente Álvaro Uribe fue llamado a indagatoria por las masacres de El Aro y La Granja, pero en su Fiscalía se inhibieron de investigarlo...

Yo fui fiscal entre 1997 y 2001. En el 2000, la Fiscalía bajo mi dirección dictó un auto inhibitorio a favor del entonces exgobernador de Antioquia, porque había algunos elementos sobre la llamada masacre de El Aro, y principalmente que se referían a temas como de omisión. Entonces un fiscal, Luis Édgar Martínez, dictó el auto inhibitorio con mi autorización. O sea, no fue una rueda suelta. ¿Por qué? Porque el equipo de la Fiscalía analizó la situación y consideró en ese momento que las pruebas hasta entonces no daban para pasar a la apertura formal de la investigación, que es lo que conduce la indagatoria.

¿Y qué pasó después?

Ese auto inhibitorio no fue apelado por la Procuraduría. Después vinieron varios fiscales: Luis C. Osorio, Mario Iguarán y Viviane Morales, y hasta donde yo recuerdo en ninguna de esas fiscalías se afectó ese auto inhibitorio. Después vino la fiscalía del doctor Eduardo Montealegre.

En esa administración se reactiva el proceso...

Hubo probablemente elementos nuevos no analizados antes, no sé si por la Ley de Justicia y Paz, por una denuncia que presentó el representante a la Cámara Iván Cepeda en el año 2011. Entiendo que el fiscal Montealegre revocó el auto inhibitorio probablemente porque encontró elementos nuevos, pero lo que hay que destacar ahí es que en los dos años, hablo entre 2012 y 2014, el doctor Montealegre tuvo la competencia para la investigación, más allá de la revocatoria y el auto inhibitorio, no hubo una decisión de fondo. La Fiscalía perdió competencia para investigar al expresidente Uribe cuando es elegido congresista en 2014, año en el cual se va a la Corte Suprema, que tuvo el expediente hasta cuando él renunció al Congreso.

Al expresidente le molestó que la indagatoria se haya conocido en la previa a elecciones...

Es verdad que algunos sectores consideraron que, con todos estos antecedentes, y teniendo en cuenta que este es un delito declarado de lesa humanidad, podía ser mal visto que en pleno proceso electoral se anunciara una indagatoria, pero eso son valoraciones que hacen los fiscales. La fiscal que la hizo (Marcela Abadía) es una persona a quien yo le tengo mucho respeto por su trayectoria, es una jurista, es profesora universitaria. La indagatoria es un medio de prueba, es un mecanismo de defensa, pero ya esas son discusiones al interior del proceso. Quiero que les quede claro a los colombianos por qué se tomó esa decisión bajo mi responsabilidad, y qué fue lo que ha ocurrido después.

Redacción Justicia