Paula Barrachina, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha conversado este jueves en La Brújula con José Miguel Azpiroz para analizar la situación de los más de 3.500 migrantes que permanecen en Ceuta tras el paso masivo de la frontera registrado el pasado 31 de julio.

Barrachina ha explicado que los trabajadores de ACNUR se encuentran actualmente en la ciudad para hacer frente a los diferentes retos humanitarios y de protección derivados de la llegada de estas personas. Su principal preocupación, ha señalado, es garantizar que quienes puedan necesitar protección internacional sean identificados adecuadamente.

Para ello, ha defendido la necesidad de establecer un sistema de triaje que permita identificar a los migrantes que pueden acogerse a los procedimientos de asilo y facilitarles el acceso a estos mecanismos. En especial, ha mostrado su preocupación por los menores no acompañados procedentes de países en conflicto como Sudán, Yemen o Mali.

La portavoz ha subrayado que el control de las fronteras y la existencia de un sistema de asilo eficaz son compatibles. "Hay que garantizar el asilo, pero es importante diferenciarlo de lo que es la gestión ordinaria de la migración", ha señalado.

Ante las voces que reclaman la devolución de todos los migrantes que cruzaron la frontera, Barrachina ha recordado que la legislación española permite el retorno de aquellas personas que no están amparadas por una protección internacional o cuya solicitud de asilo ha sido denegada, siempre dentro del marco legal correspondiente.

En el caso de los menores no acompañados, ha insistido en que cualquier decisión debe tener como criterio fundamental "el interés superior del menor". Por ello, considera necesario realizar una evaluación individualizada de cada caso para determinar si lo más adecuado es su retorno o su permanencia en España.

Barrachina también ha valorado el traslado de 500 niñas a la península acordado por el Gobierno central junto al Ejecutivo ceutí debido al colapso de los servicios de acogida. Desde la perspectiva de la protección de las menores, ha considerado positiva la medida porque permitirá mejorar sus condiciones y facilitar la evaluación individualizada de sus respectivos casos.

"Sí que lo valoramos de forma positiva, que se realice ese traslado para que las niñas estén mejor y se puedan evaluar sus respectivos casos de manera individualizada", ha señalado.