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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido un “dividendo” de 5.000 dólares en efectivo a cada ciudadano adulto si el Partido Republicano gana las elecciones de medio mandato y conserva el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Para buena parte de los analistas, esta medida equivale a una compra de votos y supone un nuevo ataque al sistema democrático.

Salvando las diferencias, algunos se preguntan si en España no está ocurriendo algo parecido con las pensiones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegaba a las elecciones del 2023 con un fuerte desgaste y con muchas encuestas pronosticando una victoria del centroderecha. Fue entonces cuando el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, propuso revertir la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En aquellos años, la Seguridad Social ya arrastraba un déficit preocupante, agravado por la Gran Recesión del 2009. La situación llegó a tal punto que el Banco Central Europeo amenazó con dejar de comprar deuda española si no se recortaban las prestaciones sociales para garantizar la viabilidad del sistema a medio y largo plazo. La entonces ministra de Trabajo, Fátima Báñez, reunió a destacados expertos en la materia y se consensuó una fórmula que vinculaba el poder adquisitivo de los pensionistas al crecimiento económico, no a la inflación. Los sindicatos respondieron con una huelga general y los jubilados salieron a la calle.

Una de las primeras medidas de la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue impulsar la reforma Escrivá para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. El resultado fue la derrota de los conservadores y la continuidad de Pedro Sánchez en el poder. El PSOE pasó a ser el partido más votado entre los jubilados, mientras que el voto joven se desplazó hacia posiciones conservadoras. Durante este periodo, las pensiones han subido considerablemente más que los salarios, que han ido perdiendo poder adquisitivo. Desde el 2018, el déficit contributivo del sistema de pensiones ha aumentado un 58%, hasta situarse en 56.946 millones de euros, equivalentes al 3,4% del PIB, y se ha convertido en el principal reto estructural de las finanzas públicas españolas.

Este año, los pensionistas verán incrementadas sus pensiones previsiblemente otro 4%, como consecuencia del repunte de la inflación por la fuerte subida del precio del petróleo. La pensión media se situará en torno a los 1.600 euros, mientras que el salario más frecuente, el que perciben muchos jóvenes, apenas alcanzará los 1.250 euros, un 30% menos.

Paradójicamente, los jubilados con las pensiones más altas son quienes menos sufren los efectos de la inflación,
pero también son quienes más se benefician de la actualización ligada a los precios. Esto solo se entiende por el peso electoral de los 9,5 millones de votantes pensionistas.