La decimoséptima Conferencia de las Partes (COP17) sobre Desertificación concluyó este viernes en Ulán Bator (Mongolia) sin el esperado acuerdo global de sequía, arrastrado desde la anterior edición, aunque consiguió movilizar hasta 1.300 millones de dólares en financiación.

Tras las intensas negociaciones que se han desarrollado en Mongolia durante dos semanas, las 197 partes de la convención (196 países y la Unión Europea) han decidido aplazar el acuerdo global de sequía a la COP18, con miras a adoptar entonces una decisión de gestión proactiva de este fenómeno.

El pulso por cerrar este marco se arrastra ya desde la anterior COP16, celebrada en Riad (Arabia Saudí) en 2024, en un contexto de creciente preocupación por la sequía a nivel mundial, al haber aumentado un 30 % desde el 2000 y al preverse que afectará a tres de cada cuatro personas para 2050.

No obstante, sí se ha avanzado en la materia con la presentación de dos herramientas: el Fondo de Inversión para la Resiliencia a la Sequía (DRIF), que aspira a movilizar hasta 400 millones de dólares de capital privado para financiar proyectos contra los efectos de la sequía, y la segunda fase del Observatorio Internacional de Resiliencia a la Sequía (IDRO), plataforma que ayuda a los países a evaluar su nivel de preparación e identificar vulnerabilidades.

Mientras la política se atasca en la sequía, otros actores insisten en que el verdadero termómetro del éxito de la COP17 está en la financiación privada.

“Tenemos las soluciones, tenemos las técnicas, pero el desafío es la financiación”, ha señalado a Efe el especialista técnico principal en Medio Ambiente y Clima del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD), Jahan Chowdhury, quien defendió una mayor participación del sector privado.

Imagen de terrenos afectados por la sequía extrema en Indonesia / Efe

El ministro mongol de Medio Ambiente y Cambio Climático, Sandag-Ochir Tsend, cifró en unos 355.000 millones de dólares las inversiones necesarias cada año a nivel mundial para hacer frente a la degradación de las tierras, la desertificación y la sequía, frente a los 77.000 millones que se movilizan actualmente.

A juicio de Chowdhury, la cumbre debía contribuir a generar una cartera de proyectos de restauración capaz de atraer inversiones de bancos multilaterales de desarrollo, instituciones financieras e incluso fondos de pensiones.

Aunque mayormente de procedencia pública, uno de los grandes anuncios que deja esta COP son 1.300 millones de dólares en financiación nueva y en cartera para la restauración de tierras y la resiliencia a la sequía en 23 países de cinco continentes.

El grueso de la inversión se concentra en la Iniciativa Insignia de Pastizales, la mayor movilización de fondos para este tipo de ecosistemas en la historia de la Convención, que coincide con el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores impulsado por la propia Mongolia como país anfitrión.

La ONG Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha considerado que la COP17 ha aportado la «estructura y las inversiones» necesarias para luchar contra la sequía, pero ha lamentado que no se alcanzara un acuerdo global para mejorar «la preparación y la resiliencia» ante este fenómeno.

La cumbre se ha desarrollado en Ulan Bator, capital de Mongolia / ONU

«La COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) proporcionó la estructura y la inversión necesarias para abordar soluciones previamente ignoradas a las crisis de la naturaleza, el clima y la seguridad alimentaria», ha expresado en un comunicado la ONG. Sin embargo, WWF ha lamentado que, pese al esfuerzo y disposición de «muchos países», no se acordase un marco de referencia para mejorar la «resiliencia» ante la sequía.

La COP18, próxima cita de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), se reunirá en Egipto para continuar afrontando este y otros problemas como la degradación de tierras -que ya afecta al 40 % del terreno mundial- y la sequía.

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De mantenerse las tendencias actuales, otro 11 % de la superficie terrestre -una extensión equivalente a Sudamérica- podría degradarse de aquí a 2050, con graves consecuencias para el clima, la biodiversidad y la producción de alimentos.