La Cámara de Cuentas de Andalucía advierte "deficiencias" en la sustitución del control previo del gasto por el control financiero permanente. Este cambio de procedimiento afectó a obligaciones por un importe global de al menos 37.921 millones de euros, pero no existen indicadores para evaluar su impacto real en la gestión pública.

Con carácter general, las consejerías y agencias están sometidas a control previo, que se ejerce antes de la aprobación del gasto y, si la Intervención General formula reparos, el expediente no puede continuar hasta que se subsanen las deficiencias detectadas. Por el contrario, el control financiero permanente se realiza con posterioridad a la ejecución de la actividad y no tiene efectos suspensivos. Ese cambio en la fiscalización del gasto por el que se evaluaría a posteriori la adoptó el Gobierno andaluz en una reunión del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020.

En el informe presentado por la Cámara de Cuentas consta un alto porcentaje de irregularidades en los expedientes analizados posterior a su ejecución. En el bloque de órganos y servicios, se detectó el uso incorrecto del contrato menor en el 100% de los informes. En subvenciones y ayudas, los incumplimientos en la instrucción y concesión superaron el 94%, mientras que los fallos en la justificación y pago supusieron el 89%.

La Intervención General de la Junta de Andalucía elevó dos informes de actuación al Gobierno andaluz en su tarea de fiscalización del gasto en 2022 sobre residencias de la tercera edad y contratos de la Plataforma Logística Sanitaria de Huelva del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en abril de ese año en el primer caso y en noviembre, el segundo.

En el caso de las residencias adscritas a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en un examen de los ejercicios 2018 a 2020, elevó su informe tras "los incumplimientos generalizados y reiterados cada ejercicio por la falta de observancia de las recomendaciones formuladas por la Intervención General de la Junta de Andalucía en sus actuaciones de control".

A este argumento añadió el organismo de control interno del gasto razones añadidas como "abuso de la contratación menor y fraccionamiento ilícito de contratos, emisión de los informes del artículo 118 de la Ley de Control del Sector Público (LCSP) con posterioridad a la ejecución del contrato", a lo que sumó otros reproches como "incorrecciones en fechas para el cálculo del periodo medio de pago y por falta de liquidación de precios públicos o liquidación incorrecta".

En el caso de la Plataforma Logística Sanitaria de Huelva la reacción de la Intervención de la Junta para hacer un informe de actuación se sustentó en "la falta de implantación de las recomendaciones relativas a salvedades de especial relevancia en el ámbito de la contratación".

Ahí enumera aspectos como "prórrogas no previstas o posibles por la legislación contractual, el fraccionamiento indebido del objeto del contrato, y la no justificación en el expediente de contratación menor de la no alteración del objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación".

Estas dos actuaciones las revela la Cámara de Cuentas en su trabajo de evaluación de la sustitución del control previo por el control financiero permanente, que analiza el período comprendido entre 2020 y 2024.

El informe de actuación cobró relevancia informativa, política y judicial durante el caso ERE por ser objeto del debate entre los entonces altos cargos del Gobierno andaluz y la Intervención General sobre el alcance de sus observaciones acerca de los expedientes de ayudas a las prejubilaciones de trabajadores de empresas en crisis.

La propia Cámara de Cuentas explica en su trabajo que "el informe de actuación constituye un instrumento reforzado de reacción institucional, reservado para supuestos en los que no se atienden las recomendaciones derivadas de salvedades de especial relevancia", que supone en cuanto se emite que "activa un procedimiento específico con intervención de las consejerías afectadas, y en su caso, del Consejo de Gobierno".

La Cámara de Cuentas aborda 22 acuerdos sobre ese cambio de procedimiento de fiscalización y apunta que las decisiones del Gobierno andaluz sobre el procedimiento de control del gasto afectaron a un total de 37.921 millones de euros.

Precisa que en el caso de subvenciones y ayudas la sustitución del control previo por el financiero permanente afectaba a un volumen de gasto de 2.652,13 millones de euros. Apunta que ese cambio de control de gasto se aplicó en 47 bases reguladoras de las ayudas de ocho departamentos del Gobierno andaluz.

En el caso de los 188 informes de la Intervención General sobre la aplicación del control financiero permanente dice la Cámara de Cuentas que sus conclusiones fueron favorables en un 6,3% de los casos (12 informes), en un 71,2% fueron con salvedades (134 trabajos) y un 22,3% presentaron opinión desfavorable (42 trabajos).

La Cámara de Cuentas apunta sobre las diferencias entre el control previo y el financiero permanente que el primero "es un control de legalidad, de carácter ex ante y suspensivo, orientado a verificar la adecuación jurídico-económica de los actos antes de la realización del gasto, mientras que el segundo "es un control ex post, no suspensivo, que permite un análisis más amplio e integral de la actividad financiera, abarcando no solo el cumplimiento de la legalidad, sino también aspectos financieros, operativos y de gestión, así como la formulación de recomendaciones y, en su caso, la propuesta de reintegros o la exigencia de responsabilidades contables".

El trabajo del órgano de extracción parlamentaria sobre la labor de la Intervención de la Junta aborda el procedimiento de reintegro en los casos de control financiero, que supone que "en el plazo máximo de dos meses" el departamento que reciba esas "recomendaciones formuladas sobre la exigencia de reintegros o la revisión de oficio" implica "identificar de forma clara los expedientes afectados y los importes correspondientes". En este apunte de la Cámara de Cuentas no precisa nada de alguna actuación de la Intervención en este sentido.