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Con chats, fotos y testimonios, la Fiscalía expuso esta semana por qué considera que Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, tiene que ir a la cárcel por ser la supuesta cabeza de una red de corrupción para desviar recursos públicos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva).

Este lunes 21 de septiembre se retomará la audiencia para definir si un juez lo envía a prisión, en uno de los entramados de corrupción que rodean a Daniel Quintero y a su hermano por supuestos malos manejos de la contratación de Medellín. El ramillete de exfuncionarios y contratistas imputados asciende a más de 50, en casos como el de Aguas Vivas, Metroparques, Afinia, Amva, entre otros. 

Una fuente conocedora de estos procesos le manifestó a EL TIEMPO que “no hay tantos fiscales para la magnitud de la corrupción que habría detrás del Amva, que a fin de cuentas es solo una porción de toda la plata que hay en juego”.

A cargo de armar el rompecabezas de la presunta empresa criminal que se echó a andar en distintas dependencias hay varios fiscales especializados en temas anticorrupción. En el que atañe al Área Metropolitana está al frente Magda Sofía Ramírez, fiscal que destapó detalles de cómo se habría cocinado la alianza para que esa entidad le entregara al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí seis contratos por 17.657 millones de pesos, suscritos entre los años 2019 y 2023. 

Imputación contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero. Foto:Archivo particular

Todo apunta a que Miguel Quintero, a quien le decían ‘Mr. M.’ o el ‘jefe’, se habría aliado con sus amigos del barrio Tricentenario en el que creció y con antiguos compañeros de trabajo. El primer objetivo era ir ganando terreno en el Amva, y para ello habría ayudado a entrar a sus aliados Álvaro Villada a la subdirección administrativa y a Laura María Mejía a la Unidad Logística. Otro que supuestamente entró influenciado por Quintero es Juan David Palacio, quien se quedó con la dirección general del Área Metropolitana. 

Del lado de los bomberos de Itagüí, es decir, de los que recibieron los seis contratos para bioseguridad y manejo del covid-19, estarían el excomandante Misael Cadavid y el exrepresentante legal Elkin de Jesús González. Entre todos habrían pactado una coima del 15 por ciento del valor de la contratación. La intención de Miguel Quintero y Álvaro Villada habría sido ganarse un 20 por ciento, pero Cadavid habría dicho que mejor un 10. Finalmente, se llegó a un 15 %, representado hoy en un desfalco de 2.481 millones de pesos: 1.654 millones habrían sido para el hermano de Daniel Quintero y los otros 827 millones al parecer se los quedaron sus enlaces.

Álvaro Villada Foto:Redes sociales

“Iniciaron de manera directa, sin el lleno de requisitos legales, violando los principios de planeación, transparencia, economía, selección objetiva, al direccionar indebidamente estos seis contratos al Cuerpo de Bomberos de Itagüí, dineros a los que no se les dio un manejo adecuado, toda vez que existen sobrecostos en la facturación por parte de dicha entidad, a través de facturas o cuentas de cobro de personas que se les pagaba un menor valor”, ha dicho la Fiscalía al respecto.

Desde el año pasado, la Fiscalía viene tejiendo el rompecabezas con sus pesquisas y con los testimonios de cuatro personas que decidieron prender el ‘ventilador’ para recibir beneficios judiciales. Los que negociaron son Laura Mejía, Misael Cadavid, Elkin de Jesús González y María Yaneth Rúa.

Misael Cadavid Foto:Cortesía

La primera de ellos fue clave para la Fiscalía al momento de ubicar cómo se conocieron estas personas. Relató que, a través de Edison López o ‘Chano’, en 2020 Quintero habría sugerido contratar a Ana María Roldán en la Subdirección Ambiental. “Posterior a la salida de Roldán, la reemplazaron por Diana María Montoya, expareja de Miguel Quintero en la infancia y que la recomendó, por así decirlo, para este cargo a través de Álvaro Villada”, contó la testigo Mejía.

No obstante, quien sería una piedra angular contra Quintero es Misael Cadavid, conocido en Itagüí por su labor como bombero. Este hombre fue capturado el año pasado y estuvo un tiempo en la cárcel El Pedregal, de la que salió en medio de las negociaciones con la Fiscalía. Tanto él como Mejía se habrían enterado de que para mediados de 2021, Miguel Quintero ya no quería tener a Álvaro Villada recibiendo las coimas de los contratos, y que a ese puesto lo habría llegado a reemplazar Sebastián Ortega, otro de los judicializados. 

Aparte de los testimonios de Misael Cadavid. Foto:EL TIEMPO.

“A Ortega le realicé entrega de dineros en Bomberos Itagüí y en un hotel, estos dineros siempre se entregaron en efectivo”, contó Cadavid en un interrogatorio.

Lo que llama la atención en el caso del exjefe de bomberos es que una vez detenido, supuestamente el exsenador Carlos Trujillo le mandó una razón a través del personero de Itagüí, Jhon Fredy Ortiz. La intención detrás de ese recado por ahora no se conoce, pero coincide con la cita que tuvo después la hija de Cadavid con el alcalde del municipio, Diego Torres, y su secretario de Gobierno, Mauricio Sánchez. Al parecer, ambos ofrecieron los servicios de sus abogados para ayudar al bombero.

Otro de los testimonios que puede ser clave es el de María Yaneth Rúa. Ella era la supervisora de contratos en el Área Metropolitana, y por eso conocería de los directivos que dieron el aval para repartir la contratación irregular. Mientras que Elkin de Jesús González al parecer se quedó con el negocio en bomberos mientras Cadavid salía a aspirar políticamente.

Carlos Andrés Trujillo, exsenador del partido Conservador. Foto:Facebook Carlos Andrés Trujillo

Además de Miguel Quintero, Álvaro Villada, Misael Cadavid, María Yaneth Rúa y Elkin de Jesús González, por este caso también fue imputada la abogada Vanesa Álvarez, contratista a cargo de estudiar los seis contratos que fueron a parar a los bomberos Itagüí. Asimismo, Sebastián Ortega, quien empezó a reemplazar a Villada en la recogida de las coimas dirigidas a Quintero.

La primera condena por el capítulo de presunta corrupción fue dictada contra Juan Alberto Cardona, extesorero de los bomberos que aceptó haber inflado montos para beneficios ilícitos.

Carlos López - @CarlosL49 - carben@eltiempo.com