El proceso para que 11 bienes vinculados con la exvicepresidenta Roxana Baldetti pasen a favor del Estado avanzó este martes 22 de septiembre con el ofrecimiento de prueba del Ministerio Público (MP). La audiencia fue suspendida y continuará el 25 de septiembre.

El MP ha presentado numerosos medios de prueba con los que busca la extinción de dominio de dos vehículos, dos inmuebles y cuentas bancarias vinculados con Baldetti.

Las cuentas en quetzales equivalen a Q6 millones 100 mil 531, mientras que las cuentas en dólares suman US$80 mil 824.

Uno de los inmuebles se encuentra en el Puerto de San José, Escuintla, y el otro, en la zona 5 de la capital. Los vehículos son una camioneta y una lancha; esta última tiene un valor estimado de Q245 mil.

Durante la audiencia, el MP expuso que una de las empresas vinculadas con la exvicepresidenta recibió fondos del Estado por la adjudicación de contratos.

También señaló que una de las sociedades efectuó transacciones al extranjero y emitió cheques a favor del extinto Partido Patriota. Según la Fiscalía, la entidad no funcionaba en la dirección registrada.

La investigación señala que los bienes vinculados con la exvicepresidenta habrían sido adquiridos de manera anómala mediante la constitución de empresas de cartón registradas en San Miguel Petapa y la calzada Atanasio Tzul, zona 12 de la capital.

Según la investigación, las empresas fueron constituidas en esas direcciones, pero no registraban operaciones ni tenían personal que laborara en ellas.

Baldetti compareció por videoconferencia ante el Juzgado de Extinción de Dominio, a cargo del juez Delmar González.

Después de la intervención del MP, González dio la palabra al abogado Melkin Escobar, defensor de Baldetti, quien solicitó más tiempo para presentar sus argumentos de oposición a la petición de la Fiscalía.

Ante la solicitud, González suspendió la audiencia y programó su continuación para el 25 de septiembre.

La última ocasión en que Baldetti acudió a la Torre de Tribunales fue el 20 de mayo del 2025. En esa fecha, durante una audiencia a puerta cerrada, González amplió el plazo de investigación para que el MP recabara los indicios relacionados con la extinción de los bienes.

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