La consejera regional de sanidad, Esther Monzón, cesó el pasado lunes a la presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Prestación de la Ayuda para Morir de Canarias, Elisa Corujo, geriatra del Hospital Universitario José Molina Orosa de Lanzarote quien ha recurrido su destitución. Monzón lo hizo a propuesta del director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya. Corujo también preside el Comité de Ética Asistencial en esta Isla y era, desde octubre de 2025, la tercera presidenta que tenía el órgano de eutanasia en Canarias, creado en junio de 2021.

En la orden por la que se la destituye se señala que se hace "al amparo de la causa prevista en el artículo 4.3. b) del Reglamento aprobado por el Decreto 67/2021, de 23 de junio (imposibilidad para el ejercicio de sus funciones)", al tiempo que se le agradecen "los servicios prestados".

Corujo ha presentado un recurso de reposición, al que ha tenido acceso Efe, ante esta decisión, que califica como arbitraria y por la que solicita la anulación y que sea repuesta en el cargo. La doctora defiende que su destitución incurre en una irregularidad que la hace nula de pleno derecho, entre otras razones, por la omisión de los hechos concretos en los que la administración apoya su cese.

También destaca que en la orden no se hace referencia alguna "a qué concreta incapacidad" imposibilita el ejercicio de sus funciones, ni concretas qué funciones le ha impedido realizar. "Falta una motivación racional y suficiente que me permita conocer las razones de mi cese y articular su impugnación", argumenta. En el recurso, expone que la incapacidad física no puede ser el motivo del cese, porque no padece ninguna limitación física ni cognitiva que le haya impedido ejercer como presidenta, "incluso con la insuficiencia de medios de la Comisión de la que, tras mi nombramiento, di cuenta a los órganos responsables", explica.

"Durante el año que he estado al frente todos los miembros hemos trabajado para dotar a la Comisión de un funcionamiento ordenado, fluido y eficaz, procurando que pudiera prestar atención y dar respuesta a las distintas dudas, consultas y observaciones que han ido surgiendo en el desarrollo de su actividad asistencial", señala Corujo.

Corujo menciona el informe anual sobre la aplicación de la Ley de Regulación de la Eutanasia. "La elaboración y publicación de este informe constituye un ejercicio necesario de transparencia y rendición de cuentas, además de formar parte de las responsabilidades de la Comisión. La decisión de dar cumplimiento a esta función no siempre ha sido recibida favorablemente, circunstancia que considero importante dejar reflejada en este recurso", critica.

En la memoria de 2025 se recoge que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, la Comisión tramitó 60 expedientes, de los que 57 fueron iniciados en 2025 y tres correspondían al ejercicio anterior. El tiempo medio desde la solicitud inicial hasta la realización de la prestación fue de aproximadamente 58 días naturales entre todas las fases del procedimiento: valoración del médico responsable, consulta con el consultor y verificación. Los médicos emitieron 49 informes de evaluación, lo que representa aproximadamente el 81,7 % de las solicitudes registradas. De estos informes, 39 fueron favorables), mientras que 10 resultaron desfavorables.

Además, se practicaron 13 prestaciones de ayuda para morir, 5 (38,4%) correspondieron a pacientes con enfermedad neurológica avanzada, mientras que las enfermedades oncológicas con 4 casos y las enfermedades crónicas avanzadas (respiratorio, digestivas y pluripatológica) representaron el 61,6%. Del total, 10 se llevaron a cabo en el entorno hospitalario, mientras que 3 tuvieron lugar en el domicilio.

En relación con la nacionalidad, el 81,67% de las peticiones fueron presentadas por españoles (49 expedientes). El 18,33% restante corresponde a nacionales de Reino Unido (4), Italia (3), Alemania (2), Bélgica (2) y Colombia (1).

Respecto a la edad, el 70% las formularon personas mayores de 60 años, lo que guarda coherencia con la mayor prevalencia de enfermedades crónicas, degenerativas o incapacitantes que cursan con deterioro funcional progresivo, pérdida de autonomía y sufrimiento físico o psíquico de difícil control. "No obstante -recoge el documento- la edad no constituye por sí sola un factor determinante: el acceso a la prestación viene condicionado por la situación clínica de la persona, el grado de sufrimiento asociado a su enfermedad y su percepción sobre la calidad de vida".

El documento también habla de "la insuficiente formación e información sobre la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia entre profesionales y entre la ciudadanía", un extremo que "reduce la probabilidad de que las solicitudes sean planteadas o adecuadamente canalizadas, aun cuando concurran los requisitos legales". "Ello refuerza la necesidad de intensificar la información en todas las áreas de salud, como garantía de un acceso equitativo a la prestación en el conjunto del territorio autonómico", demanda Corujo en la memoria.