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A pesar de que las Comisiones Económicas de Senado y Cámara estaban molestas con el gobierno de Abelardo De La Espriella por no haberles aceptado en el presupuesto del próximo año casi ninguna de las proposiciones que se presentaron, desecharon casi 600 de ellas, al final no hubo mayores complicaciones en la aprobación del proyecto que fija los dineros que se usarán en 2027.

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El presupuesto ha sido una muestra de cómo se están materializando las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, al menos en los primeros meses de la administración De La Espriella. Por un lado, sin mayor oposición, las células económicas le aceptaron la devolución del presupuesto frente a lo que había presentado Gustavo Petro, pues supuestamente estaba desfinanciado y había que bajar el monto.

Sin embargo, semanas después, la propuesta presentada por el Gobierno fue en contravía al compromiso inicial. En vez de bajar el dinero a pedir para la próxima vigencia, fue aumentado. El Ministerio de Hacienda, liderado por Miguel Gómez, justificó la decisión en que se trataba de un “sinceramiento de las cuentas”, pues el gobierno Petro había omitido información que llevaba a aumentar los gastos de funcionamiento y el pago de deuda.

Aunque, en un primer momento, los legisladores dejaron saber sus dudas, luego aceptaron los argumentos y aprobaron sin modificación alguna el monto. El debate se concentró en la distribución de los recursos fijada para cada ministerio y sector. Los congresistas presentaron sus propuestas para cambiar los rubros de destinación. Pidieron más dinero para las regiones y hasta asumieron las solicitudes de los ministros, que fueron al Congreso a reclamar debido a que lo asignado no era suficiente.

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La avalancha de proposiciones hizo que se nombrara una subcomisión para estudiar todas las solicitudes y ver cuáles podrían incluirse en la propuesta que debatirían oficialmente las Comisiones Tercera y Cuarta de Senado y Cámara. El pasado fin de semana se destinó para dicha tarea.

Por eso sorprendió cuando llegó el lunes y los coordinadores ponentes vieron en la reunión con el Ministerio de Hacienda que no les habían incluido ninguna de las propuestas. El texto seguía tal como lo había presentado el gobierno De La Espriella. Ni siquiera se había añadido la proposición que buscaba reducir en 100.000 millones el presupuesto a la JEP para pasarlo a la rama judicial ordinaria, propuesta presentada por el senador Enrique Gómez y apoyada por el primer mandatario en un trino.

Fueron jornadas de mucha tensión entre los ponentes y el Ministerio de Hacienda. Ese comienzo de semana terminó sin un acuerdo. El martes se reanudaron las discusiones y el pulso se mantuvo. Apenas al comienzo de la noche se conocieron cambios a la propuesta inicial.

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Solo se permitieron seis modificaciones, que incluyeron un traslado de 2 billones de pesos a la salud desde el sector Hacienda, reducción de 13,5 billones a los proyectos de inversión del 2027, y una adición de 170.000 millones de pesos al sector justicia y el deporte al quitarle fondos a la JEP.

Fue un acuerdo difícil, pues los congresistas alertaron la falta de financiación para sus regiones y otros rubros como la construcción de megacárceles. Incluso, hasta la tarde del martes, varios habían dicho que la ponencia podría no tener los apoyos suficientes, ante las molestias de varios congresistas.

Algunos de los conocedores de lo que pasó en las conversaciones privadas en el Ministerio de Hacienda señalan que mientras que Miguel Gómez, responsable de la billetera de la Nación, tuvo una posición férrea de no hacer modificaciones, el que logró los acuerdos fue el ministro del Interior, Rodrigo Lara.

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Apuntó que Lara fue claro en que era inconveniente hacer modificaciones al texto, puesto que este se había organizado de tal manera que se le mostrara a los mercados internacionales que se iba a pagar la deuda. Luego este les habría dicho que más adelante, cuando se renegociara o refinanciara la deuda, se podrían hacer mayores modificaciones para llevarle dinero a las regiones. Además, recordó que hay una especie de caja menor en el Ministerio de Hacienda que sirve para llevarle dinero a las regiones.

“Al principio, los congresistas estaban muy molestos, pero se calmaron con esa propuesta. Si empiezan a hacer eso, girarle directamente a los gobernadores, nos calman\", dijo uno de los congresistas de las comisiones económicas que concluyó: “Lara se metió mucho y calmó. Lo vi muy activo”.

Otros consultados también reconocieron que la intervención del Ministerio del Interior calmó las aguas. “Varios representantes de la Tercera estaban muy bravos porque el gobierno no quiere escuchar al Congreso en nada, así que la comisión no le iba a aprobar al gobierno las facultades extraordinarias”, señaló otra consultada.

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Por su parte, el senador Carlos Meisel indicó que él y otros miembros de su partido están comprometidos con sacar adelante las propuestas del gobierno, pero al mismo tiempo expresaron sus dudas frente a algunos accionares: “Lo que me tiene algo molesto es que no dicen cuál es la famosa ley de ajuste fiscal que van a hacer, porque la confianza necesita ser retribuida”. En ese sentido, aplaudió que supuestamente el Ejecutivo estaría “intentando cambiar algunas prácticas clientelistas y de mermelada”.

Por el contrario, desde la oposición y otros sectores señalan que el Congreso le está caminando al Gobierno, pero sería un “trabajo al debe”. Es decir, el Legislativo estaría acompañando al Ejecutivo en estos primeros meses, impulsado por la ola de popularidad con la que normalmente llega cualquier administración, pero señalan que la situación será insostenible si el Ejecutivo se mantiene en su posición de no escuchar a los legisladores  y no incluirles sus propuestas. Otros van más allá e incluso hablan de temas burocráticos: “teniendo el gobierno, están fiando a la espera”.

 Intervención ante la Asamblea General de la ONU Foto:

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO

Redacción política