La Asociación Observatorio Municipal no comparte la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
28/09/2026 a las 14:11h.
La Asociación Observatorio Municipal ha anunciado que acudirá hasta el Tribunal Supremo para pedir la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Arand.a de Duero. El colectivo no comparte la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ratificó el documento aprobado de forma definitiva en mayo de 2023, a excepción del complejo deportivo de Cantaburros.
De esta manera, la asociación va a interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo «con el objetivo de anular todo el PGOU», han confirmado. El colectivo se basa especialmente en la insuficiencia de recursos hídricos argumentando en toda la jurisprudencia que existe al respecto.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), estimó hace unas semanas parcialmente un recurso de la Asociación contra la aprobación de la adaptación y revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Aranda de Duero y anuló la previsión para crear el nuevo sistema general de equipamiento denominado «Deportivo Cantaburros». El tribunal desestimaba el resto de las pretensiones planteadas contra el planeamiento.
Exigencias legales y jurisprudencialesLa sentencia consideró que la Memoria Vinculante del PGOU no explica ni justifica suficientemente la creación de este equipamiento, previsto sobre una superficie de 81.823,67 metros cuadrados y con un coste total de 5.245.471 euros, cuya obtención de los terrenos y ejecución corresponderían al Ayuntamiento de Aranda de Duero.
La Sala señaló que, dada la importancia del proyecto tanto por sus dimensiones como por su coste económico, el planeamiento debía explicar y justificar su creación. Sin embargo, ha advertido de que la Memoria no ofrece una explicación suficiente sobre las características y dimensiones del equipamiento, las razones de su emplazamiento ni la forma en que el Ayuntamiento afrontaría su coste. Por ello, ha concluido que esta concreta determinación urbanística no cumple las exigencias legales y jurisprudenciales de motivación.