Tal y como ya contó este periódico, doce años después la Junta sigue sin abonar parte de las pagas extraordinarias recortadas durante la crisis a sus empleados públicos, unos 2.000 euros de media por trabajador. Con esta admisión a trámite no se resuelve la petición, pero la iniciativa pasa a una nueva fase que tendrá que ser debatida en el Parlamento. El citado sindicato ha avanzado que en cuanto la Junta "notifique que se puede iniciar la recogida de firmas, vamos a movilizar todos nuestros recursos para conseguir el respaldo necesario y que esta iniciativa siga avanzando”. El CSIF ha indicado que con esta ILP se busca promover la tramitación de una Proposición de ley que garantice el cobro de estas pagas.

En los años 2013 y 2014 los empleados públicos andaluces vieron detraída de sus nóminas la cuantía autonómica de las pagas extra. Según reporta CSIF, estas pagas suman una cuantía de 750 millones de euros que corresponderían a estos empleados públicos.

Un acuerdo firmado en 2018 contemplaba la restitución de estas pagas pero, según detalló a este periódico la Administración General, las partes excluyeron este aspecto de la negociación con los sindicatos del posterior pacto 2026-2030, con lo que descartó retomar este asunto. Con la presentación de esta iniciativa, este grupo sindical retoma el debate pues, asegura, "de todas las comunidades que aprobaron este recorte, Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución”.

Con vista en las siguientes fases del proceso, CSIF ha hecho un llamamiento al conjunto de los empleados públicos para que respalden la iniciativa una vez se abra el período de recogida de firmas. “Con la admisión a trámite de esta iniciativa damos un paso más para hacer justicia, pero ahora llega el momento de que los andaluces muestren su apoyo con su firma a quienes sostienen nuestros servicios públicos y han demostrado de sobra su compromiso durante los años más difíciles de la crisis económica”, se ha expresado desde el sindicato.