08/07/2026 a las 19:38h.

La concejala de Personal del Ayuntamiento de Burgos, Yolanda Barriuso, ha hecho balance del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en Burgos, que se ha saldado con 5.508 volantes de empadronamiento entre el 16 de abril y el 30 de junio. La edil ha subrayado que, de este total, 3.078 corresponden a «volantes históricos individuales», el documento clave para acreditar la permanencia en España y requisito indispensable para el proceso de regularización. Esto significa que «seis de cada diez» documentos emitidos estaban vinculados directamente a esta medida estatal.

Barriuso ha destacado que este periodo ha exigido «un despliegue sin precedentes» de medios humanos y materiales para dar respuesta a una demanda que, según el consistorio, ha sido «absolutamente excepcional». El ritmo de trabajo «ha sido frenético», con una media de 110 volantes diarios, cifra que se suma a la gestión ordinaria de altas, bajas, cambios de domicilio y renovaciones que el servicio mantiene de forma ininterrumpida.

A la carga del Servicio de Estadística se ha sumado la labor de la Gerencia de Servicios Sociales. Sus trabajadores han elaborado 1.180 informes de acreditación de vulnerabilidad —con una media de 16 diarios tras realizar el estudio individualizado de cada expediente—, de los cuales 1.144 han resultado favorables.

Para hacer frente a esta presión, el Ayuntamiento de Burgos se vio obligado a adoptar medidas extraordinarias con recursos propios. Entre ellas, destacan la incorporación de seis personas adicionales al Negociado de Estadística, la habilitación de una nueva sede provisional en la calle Asunción de Nuestra Señora, la ampliación de los horarios de atención al público y la puesta en marcha de un asistente virtual multilingüe.

El coste extraordinario de esta reorganización del área está por concretar, aunque la concejala estima que puede estar en el entorno de los 60.000 euros.

Barriuso ha valorado el «compromiso y profesionalidad» de los empleados públicos, subrayando que el Ayuntamiento ha asumido la reorganización completa de sus servicios para dar respuesta a una decisión tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

No obstante, esta gestión ha dejado un regusto amargo en la administración local. El Ejecutivo municipal ha reprochado que el Gobierno central pusiera en marcha este proceso extraordinario «sin acompañarlo de financiación ni recursos adicionales». En este sentido, ha señalado que, al ser la administración más cercana al ciudadano, han sido los ayuntamientos quienes han tenido que absorber el coste económico del incremento de personal, la rehabilitación de instalaciones y la ampliación de horarios.

El balance final de Barriuso deja tres conclusiones. Por un lado, la «eficacia y responsabilidad» del Ayuntamiento ante una situación imprevista; por otro, el reconocimiento público al «esfuerzo extraordinario de la plantilla municipal» y, por último, una advertencia sobre la dotación de la «financiación necesaria» para evitar que la carga recaiga exclusivamente sobre los recursos locales.