01/07/2026 Actualizado a las 12:07h.

La Fiscalía y la acusación particular han solicitado una pena de 12 años de prisión y multas económicas de diversa cuantía por para cada una de las siete monjas cismáticas acusadas de un presunto maltrato a las cinco religiosas mayores que cuidaban en el monasterio de la Bretonera de Belorado, como después en Orduña tras el desalojo de la localidad burgalesa.

Las cismáticas se enfrentan a esa acusación en el marco del juicio abierto semanas atrás en Bilbao como presuntas autoras de delitos de coacciones, trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro, falsedad documental y administración desleal.

En este sentido, las mujeres lideradas por Laura García de Viedma -sor Isabel de la Trinidad cuando era clarisa- han expresado su firme «desacuerdo» tras conocer los escritos elevados tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, que personifican en el Comisario Pontificio y arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta.

Las exmonjas han reiterado su «inocencia» frente a las graves acusaciones vertidas sobre el trato a las religiosas de mayor edad, asegurando que afrontan el proceso judicial con «serenidad» y la confianza de que la verdad saldrá a la luz. En un escrito, las exreligiosas describen la presión que ejerce sobre ellas el procedimiento como una «caza de brujas».

Según denuncian, lejos de hallar cauces de entendimiento, perciben un intento deliberado por quebrar su comunidad y desmantelar su actual proyecto de vida. Pese a ello, han querido dejar claro que mantienen intacta su determinación de no renunciar a aquello en lo que creen, calificándose de «mujeres de fe» que han tomado decisiones conscientes.

Apuntan que todo lo que están viviendo supone «una persecución y un castigo» por haber desafiado a la autoridad eclesiástica«, sostienen, insistiendo en que han seguido el camino que, en conciencia, entendieron que debían recorrer. A pesar de reconocer el sufrimiento que les causa esta situación, las exmonjas afirman que no responderán con «odio ni resentimiento».

En su lugar, apuestan por seguir defendiendo su dignidad y libertad de conciencia, al tiempo que piden respeto para su comunidad y solicitan a la sociedad que aguarde a conocer todas las circunstancias del caso antes de emitir un juicio definitivo.