El Partido Popular de Gilet ha denunciado lo que han definido como una situación de «asedio» que sufren los vecinos de la Urbanización La Paz «por la imposición de cuotas urbanísticas en una zona legalmente consolidada por parte del Ayuntamiento. El equipo de gobierno, con el alcalde Salvador Costa a la cabeza, está llevando a cabo maniobras de ingeniería financiera y jurídica que suponen un ataque sistemático a la convivencia», ha asegurado el portavoz del PP, Francisco Fabuel.

El Partido Popular de Gilet ha recordado que votó en contra en el pleno al considerar que se estaba produciendo «un grave perjuicio» a los vecinos. «Esta postura se fundamenta en que muchos de los propietarios ya tenían ejecutadas las obras por las que ahora el consistorio pretende volver a cobrarles», ha esgrimido el portavoz.

Por su parte, el alcalde del municipio, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, ha señalado que el equipo de gobierno «lo único que está haciendo es cumplir una sentencia judicial firme del año 2021 que sentenciaba que se tienen que acabar las aceras que no estaban hechas. Y como eso son obras de urbanización y las obras de urbanización las han de pagar los vecinos...».

Costa ha agregado que la sentencia «es consecuencia de una denuncia realizada por parte de los vecinos de la Paz que al final se les ha vuelto en su contra» y ha recordado que la obra ya está concluida.

Para el PP, «es evidente que la urbanización ya estaba recepcionada, basándose en que los propietarios adquirieron sus parcelas con escrituras libres de cargas y que las viviendas construidas cuentan con la licencia de primera ocupación en vigor». Según el portavoz popular, «la obtención de dichas licencias no habría sido posible si la urbanización no hubiera contado con la recepción de todos los servicios necesarios, incluyendo las aceras».

El núcleo del conflicto, según los populares, «reside en que el alcalde está exigiendo cuotas individuales en una zona que, según el BOE y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), está definida como «integralmente ejecutada« desde hace décadas». El PP califica este caso de «grave e inaudito porque se está imponiendo una carga urbanística inexistente sobre bienes privados que no son comunes».

Además, el PP destaca «distintas irregularidades en el procedimiento administrativo». En primer lugar, subrayan, «es un proyecto inflado: el Ayuntamiento habría presionado a los vecinos con un proyecto ficticio de 6,5 millones de euros si no se aceptaba el presupuesto de los 350.000 euros que en realidad han costado las obras de pavimentación de aceras». «Es una estrategia del PSOE para amedrentar a los ciudadanos y forzar el cobro», critica Fabuel.

En segundo lugar, argumenta, «se está produciendo una indefensión ciudadana ya que actualmente se está girando la cuarta cuota sin exposición pública ni periodo de alegaciones».

En tercer lugar, detalla, «existen contradicciones administrativas ya que el modus operandi del equipo de gobierno para poder llevar a cabo este proceso ha consistido en retorcer e interpretar las sentencias en beneficio propio y contradecir frontalmente las resoluciones dictadas por el propio Ayuntamiento en 2018».

Por su parte, recalca el PP, la recién creada asociación de vecinos ya trabaja legalmente para defenderse y han comenzado una batalla legal apelando a la Sección Primera del TSJ y al Juzgado de lo Contencioso número 10 «para que paralicen esta interpretación arbitraria que ignora la seguridad jurídica básica».

Finalmente, el PP advierte que «este no es el único caso de gestión cuestionable, señalando que se está en contacto con los vecinos de la Urbanización Balcón de la Peña, cuya situación consideran aún más severa y contradictoria«.