El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha reprendido a la Junta de Castilla y León por la ausencia de personal jurídico en el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora, que ha impedido durante meses la tramitación de expedientes sancionadores, entre ellos el derivado de la denuncia por la subasta de animales vivos celebrada en Olmillos de Valverde el 19 de enero de 2025.

La inactividad administrativa se puso de manifiesto tras la denuncia presentada el 30 de enero de 2025 por la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba), en la que se solicitaba la apertura de un expediente sancionador por la utilización de gallos, un cerdo, un conejo y peces de río en una subasta con fines benéficos, difundida en un vídeo de YouTube. El Procurador recuerda que la queja tramitada bajo el expediente se refería precisamente a la "inactividad sancionadora ante una subasta de animales vivos en la localidad de Olmillos de Valverde".

En su resolución detalla que, tras solicitar información a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se constató que la documentación del recurso de alzada interpuesto por Anpba el 3 de agosto de 2025 fue remitida a la Delegación Territorial de Zamora el 10 de febrero de 2026. Sin embargo, "la falta de juristas impidió emitir el preceptivo informe jurídico sobre la conveniencia o no de iniciar expediente sancionador", lo que ha bloqueado la respuesta administrativa.

El Procurador subraya la gravedad de esta situación al señalar que, desde junio de 2025, no se ha podido tramitar "ningún expediente sancionador ni en materia de protección y bienestar animal, ni en otras materias que son de su competencia como sanidad vegetal y animal, producción agrícola y ganadera, calidad agroalimentaria, etc.". Esta falta de actuación compromete "el principio de eficacia de la acción administrativa sancionadora consagrado en el artículo 103.1 de nuestra Constitución y, en general, el derecho a la buena administración", según recoge la argumentación jurídica de la resolución.

El derecho a una buena administración se presenta en el documento como un derecho fundamental de la ciudadanía, no solo como un deber de la Administración. El Procurador recuerda que "la falta de respuesta a los ciudadanos y la inacción administrativa son incompatibles con la buena administración", citando el Decálogo aprobado en las XXXVII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo, en octubre de 2024, donde se destacó que la ausencia de resolución expresa vulnera la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento administrativo.

Anpba elevó un recurso de alzada del que no hay constancia de resolución, aunque han pasado "sobradamente" los tres meses de plazo que establece la ley. En su resolución, la institución insta a la Delegación Territorial de Zamora a resolver "a la mayor brevedad posible" el recurso interpuesto por Anpba dado el retraso acumulado. A renglón seguido formula un reproche directo a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural: "Que se adopten las medidas pertinentes [...] para que se produzca la cobertura de los puestos jurídicos vacantes en la Sección de Régimen Jurídico del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora, con el fin de evitar la inactividad tanto en la tramitación de los expedientes sancionadores que son de su competencia, como en la labor investigadora previa de las denuncias recibidas".

La asociación pone el acento en el tratamiento dado a los animales durante la subasta, descrito en su denuncia y reproducido en el recurso: gallos atados por las patas, introducidos y sacados de sacos cerrados, cacareando "fuertemente" con el pico abierto, y peces (barbos) metidos en bolsas cerradas. Anpba considera que estos hechos "encajan en la tipificación de infracciones graves y muy graves, que prescriben a los dos y tres años respectivamente".