Para garantizar la protección del litoral valenciano se contemplan, bajo una norma júridica propia de la comunidad autónoma, varias limitaciones respecto a los bañistas para asegurar el correcto uso del ecosistema costero. Este precepto se aplica principalmente a conductas que dañen el medio ambiente, al igual que la contaminación del mar; con tal de asegurar, de manera responsable, el uso y disfrute de estos espacios, así que a los usuarios que incumplan la ley se les impondrá una sanción económica. Asimismo, los usos que estos le dan a las duchas de la playa está muy presente en la ordenanza municipal.

Si vas a la playa durante la época estival, la imagen más habitual que vas a encontrar es la de los bañistas enjabonándose con champú y gel en las duchas; esta práctica se considera una infracción leve, por lo tanto, la multa por utilizar estos productos de aseo corporal asciende a 750 euros. Principalmente porque las instalaciones carecen de un sistema de saneamiento, por lo que los productos químicos que contienen los jabones pueden filtrarse en la arena o acabar directamente en el mar.

Playa de l'Arbre del Gos, con duchas y papeleras, dos de los requisitos necesarios para obtener Bandera Azul / J.M. López

También está prohibido el uso las duchas con la finalidad de limpiar los utensilios habituales para cocinar; este incumplimiento se considera grave así que la sanción oscila entre 750€ y 1.500€.

Con tal de respaldar la protección del ecosistema costero, las autoridades valencianas condenan cualquier conducta que perjudique tanto la convivencia como el medio ambiente. La ordenanza establece diferentes grados de infracción en función de la gravedad de las conductas. Entre las infracciones graves se encuentran la práctica de surf, windsurf y otros deportes similares incumpliendo las normas establecidas, así como bañarse cuando esté izada la bandera roja, acciones que pueden acarrear multas que ascienden a los 1.500 euros.

En cambio, las actuaciones consideradas muy graves pueden elevar la sanción hasta los 3.000 euros. En este apartado se incluye el vertido o depósito de materias contaminantes o que conlleven riesgo de accidente, así como cualquier acción u omisión que provoque un impacto negativo sobre la fauna y la flora, tanto litoral como marina. Además, la normativa contempla que las autoridades costeras puedan obligar al responsable a reparar los daños ocasionados y a restablecer, en la medida de lo posible, la situación alterada por su conducta. De este modo, las sanciones no solo buscan penalizar las actuaciones perjudiciales, sino también favorecer la conservación y recuperación del entorno costero.

Playa del Port de Sagunt, en iuna imagen de archivo. / Daniel Tortajada