Las exsenadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal cuestionaron el Decreto 0765 de 2026 expedido por el gobierno de Gustavo Petro y revelado por EL TIEMPO, al asegurar que amplía las facultades de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para adquirir y registrar predios, lo que, según ellas, pone en riesgo la propiedad privada al permitir el saneamiento de gravámenes y la toma de posesión sin agotar previamente algunos trámites judiciales.

Se trata de un decreto expedido el pasado 15 de julio por el Ministerio de Agricultura "Por el cual se adicionan los Decretos 1071 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural; 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho; y 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en lo relacionado con el saneamiento de los predios y mejoras adquiridos o transferidos a la Agencia Nacional de Tierras para los fines previstos en el artículo 31 de la Ley 160 de 1994".

Entrega de tierras de la reforma agraria a víctimas de la hidroeléctrica El Quimbo. Foto:Ministerio de Agricultura

Según el artículo 2.2.6.19.4 del Decreto 765 de 2026, la Superintendencia de Notariado y Registro deberá crear un código registral especial para identificar los predios declarados de utilidad pública con fines de reforma agraria. La disposición precisa que ese código tendrá un carácter exclusivamente publicitario y no producirá efectos de limitación al derecho de dominio. 

"La Agencia Nacional de Tierras solicitará estas inscripciones sobre los predios que declare de utilidad pública o en aquellos en los que tenga promesa de compraventa y el acta de entrega que la documente. La solicitud se presentará a las Unidades Móviles de Registro para la Reforma Agraria o al registrador, a prevención", se lee.

A través de sus redes sociales, ambas excongresistas sostuvieron que la norma "excede de forma peligrosa las facultades de la ley", pues, según su interpretación, faculta a la ANT para cancelar cancelar gravámenes, tomar "posesión inmediata" de predios en el papel sin entrega física y producir efectos registrales con una simple promesa de compraventa.

"Esto no es reglamentar la ley; es modificar el Estatuto Registral por decreto y saltarse a jueces y registradores", señaló Valencia.

Paloma Valencia fue senadora de la República entre 2014 y 2026.  Foto:Sergio Cárdenas. Archivo EL TIEMPO

Cabal, por su parte, expresó que se tomaría posesión inmediata sin sanear títulos primero. "Esto significa que si tenías un derecho sobre ese predio (crédito, hipoteca, litigio), ya no lo recuperas, solo te queda demandar indemnización al Estado".

A esas críticas, Valencia agregó que el trámite del decreto fue acelerado. Según dijo, el Gobierno habilitó el periodo de comentarios en el portal SUCOP entre el 2 y el 8 de julio y expidió la norma el 15 de julio con ministros encargados. La congresista sostuvo que se trata de un decreto "ilegal e inconstitucional" que, en su criterio, terminará siendo anulado por el Consejo de Estado, aunque advirtió que, mientras eso ocurre, podría generar afectaciones a la propiedad privada y transferencias de tierras "sumamente difíciles de revertir".

Senadora María Fernanda Cabal Foto:NÉSTOR GÓMEZ - EL TIEMPO

"Quien tendrá que responder será el Gobierno por haber expedido un decreto improvisado, contrario al Estatuto Registral y a la Constitución. La reforma agraria no puede construirse destruyendo el Estado de derecho", añadió Valencia.

Redacción Política