Cubrir turnos, mantener cotizaciones, reorganizar equipos y encontrar sustitutos que no siempre pueden incorporarse de un día para otro. Las bajas laborales se han convertido en un problema creciente para las empresas de Castellón, especialmente para las de menor tamaño, donde una sola ausencia puede alterar por completo la organización. Y mientras la factura económica sigue aumentando, también gana fuerza el debate sobre cómo reducir la duración de los procesos y qué papel pueden desempeñar las mutuas para agilizar la recuperación de los trabajadores.

Los datos confirman la dimensión económica del fenómeno. Las incapacidades temporales por enfermedad común y accidente no laboral generaron en Castellón un coste de 402,7 millones de euros durante 2025, frente a los 352,8 millones del ejercicio anterior. La factura ha aumentado así un 14% en solo un año y es ya más de tres veces superior a los 123,7 millones contabilizados en 2015. O dicho de una manera mucho más clara: las bajas cuestan cada día en Castellón 1,1 millones de euros, según el último estudio de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) sobre la incapacidad temporal por contingencias comunes.

De esos casi 403 millones correspondientes a Castellón, 207,7 millones proceden de las prestaciones económicas y otros 195 millones son costes asumidos directamente por las empresas, una partida que incluye las prestaciones que le corresponde abonar al empresario, las cotizaciones y los complementos y mejoras establecidos por convenio. Esta última cantidad es una estimación de AMAT a partir de los datos del sector de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Y otro apunte más. En el conjunto de la Comunitat valenciana el coste total de las bajas ascendió el año pasado a 3.456 millones de euros, de los que 1.673 los asumieron las empresas.

Gráfico que muestra cuándo se registran las bajas laborales. / Mediterráneo

La comparación con hace una década muestra a las claras hasta qué punto ha crecido la factura de las bajas laborales en Castellón. El coste directo que soportan las empresas ha pasado de 58,6 millones de euros en 2015 a 195 en 2025, un aumento cercano al 233%. Y ese incremento no se explica solamente por el crecimiento del empleo, ya que en el mismo periodo, la población protegida ha aumentado un 27% (el coste las empresas lo ha hecho un 233%) desde 190.812 hasta 241.869 trabajadores.

¿Y cuántos procesos de incapacidad laboral se registran cada año en Castellón? El informe de la patronal de las mutuas contabiliza 67.422 bajas durante el 2025, una cifra que dista mucho de las 28.908 que se produjeron en 2015. Solo en comparación con 2024, el incremento ronda el 6%. Además, la provincia presenta una situación particular. Registra menos bajas por cada 1.000 trabajadores que la media autonómica y nacional (23,23 al mes, frente a 27,38 en la Comunitat Valenciana y 37,98 en España), pero los procesos se prolongan durante más tiempo. La duración media alcanza los 61,35 días, por encima de los 53,84 días del conjunto valenciano y de los 41,90 de España.

La estadística tiene una traducción mucho más tangible en los pequeños negocios. El chef de Vinaròs Rubén Miralles, al frente de un restaurante con estrella Michelin, ha explicado esta semana su experiencia después de encontrarse por primera vez con una baja en una plantilla formada por apenas siete personas. Miralles, tal y como ha publicado Mediterráneo, habla de un «coste brutal» y aboga porque lo asuma íntegramente el Estado. En su caso, a las obligaciones económicas se añade la necesidad de encontrar a una persona que cubra la ausencia. El chef calcula que el sustituto necesita alrededor de diez días de formación para adaptarse a la dinámica de un restaurante de estas características.

La patronal de las mutuas advierte en el estudio de que el coste de una baja no termina en las prestaciones y las cotizaciones. La sustitución puede incorporar el salario del nuevo empleado, gastos de contratación, formación, horas de supervisión y también una menor productividad inicial. Y es ahí donde la patronal valenciana pone el foco. El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha rechazado reducir el debate a la idea de que detrás de las bajas existe simplemente una falta de voluntad para trabajar. «Ante el problema del absentismo podemos hacer dos cosas: decir que la gente no quiere trabajar [...] o bien analizar las causas», ha defendido recientemente.

Lafuente apunta entre esas causas a la situación del sistema sanitario: «Faltan médicos en atención primaria, hay listas de espera, saturación asistencial y retrasos en los diagnósticos», circunstancias que, a su juicio, pueden «alargar innecesariamente procesos de recuperación» y lanza una propuesta que pasa por dar mayor protagonismo a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. «No hablamos de sustituir el sistema público. De hecho, habrá que mejorarlo. Pero también podemos complementarlo, utilizar una capacidad que ya está disponible», sostiene.

AMAT plantea en su informe una línea parecida: permitir a las mutuas una gestión más amplia de determinadas incapacidades temporales, especialmente en patologías traumatológicas, osteoarticulares o psicológicas, con mecanismos de garantía para los trabajadores. La organización basa parte de su propuesta en las diferencias detectadas en los tiempos de recuperación. En España, las patologías traumatológicas tratadas como contingencia común tuvieron en 2025 una duración media de 78,14 días, frente a los 44,18 días de esas patologías cuando se consideran contingencias profesionales, ámbito en el que las mutuas participan directamente en la asistencia sanitaria.

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