La propiedad efectiva final se refiere a la persona física que en última instancia posee o controla una empresa, activo o licencia de pesca. En la industria pesquera comercial, un buque suele estar registrado formalmente a nombre de un único propietario corporativo; esto a menudo se denomina propietario registrado o propietario legal. Sin embargo, esa empresa puede a su vez estar en manos de una o más empresas, todas ellas constituidas en distintas jurisdicciones. Solo al identificar a las personas detrás de todas estas sociedades matrices podemos saber quién controla y se beneficia realmente de las actividades de un buque.

Aunque actualmente no existe ningún requisito internacional universalmente vinculante para divulgar información sobre la propiedad efectiva final en el sector pesquero, las iniciativas de transparencia y los foros internacionales han reconocido cada vez más su importancia.

En su 36º sesión de 2024, el Comité de Pesca de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) “reconoció la importancia y los desafíos de identificar la propiedad efectiva de los buques pesqueros” y alentó a los Estados miembros y subcomités a seguir considerando la cuestión. En paralelo, organizaciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas y Open Ownership continúan promoviendo la transparencia de la propiedad efectiva como una buena práctica mundial emergente.

En 2021, los Estados miembros de las Naciones Unidas reconocieron el papel crítico de la transparencia en la propiedad efectiva dentro de la lucha contra la corrupción y los flujos financieros ilícitos. Aunque la resolución de la Asamblea General resultante, “Nuestro compromiso común de afrontar eficazmente los desafíos y aplicar medidas para prevenir y combatir la corrupción”, impulsó avances significativos de transparencia en industrias extractivas como el petróleo y la minería, el sector pesquero mundial sigue peligrosamente rezagado. Hoy, las autoridades que buscan una gobernanza oceánica sostenible todavía se enfrentan a estructuras de propiedad deliberadamente opacas. Este secreto corporativo les impide identificar a los verdaderos beneficiarios financieros de las operaciones pesqueras, lo que dificulta enormemente la exigencia de responsabilidades a los malos actores en casos de pesca INDNR.

Al reconocer esta brecha crítica en la rendición de cuentas marítima, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tomó medidas decisivas en abril de 2025. Durante su reunión del Consejo a nivel ministerial, la OCDE adoptó formalmente una recomendación histórica destinada a eliminar el apoyo gubernamental a la pesca INDNR. De manera crucial, este mandato insta a los países miembros a implementar políticas rigurosas que requieran la recopilación y el uso de datos de UBO para autorizaciones de buques y determinaciones sobre pesca INDNR. Al vincular oficialmente la transparencia de la propiedad efectiva con los subsidios estatales, la OCDE creó un marco poderoso para garantizar que los fondos públicos no financien inadvertidamente flotas ilícitas.

Las estructuras de propiedad transparentes pueden impulsar un cambio profundo hacia una mayor rendición de cuentas y sostenibilidad en el sector pesquero. En lugar de depender de un laberinto de rastros documentales confusos que fácilmente se pierden entre jurisdicciones, las autoridades necesitan un conjunto interconectado de registros de datos. Cuando estos sistemas digitales se comunican entre sí, pueden informar automáticamente a los gobiernos cuando es necesario investigar errores, discrepancias o información faltante. Si estos datos están disponibles públicamente, las complejidades de propiedad pueden resolverse y las cadenas de cambios de pabellón pueden seguirse con facilidad, sin dejar lugar a confusión sobre quién tiene la jurisdicción adecuada sobre un buque.