Una embarcación puede cruzar océanos, cambiar de pabellón y pasar por las manos de múltiples empresas antes de que sea posible decir con certeza quién es realmente su propietario. En la pesca a escala global, las estructuras de propiedad suelen abarcar varias jurisdicciones y capas de entidades corporativas, lo que dificulta que incluso las autoridades con la intención de actuar puedan vincular una embarcación con las personas que, en última instancia, obtienen beneficios de su actividad.

Los datos del beneficiario final (UBO, por sus siglas en inglés) ayudan a cerrar esa brecha. Saber quién está realmente detrás de una embarcación fortalece la gestión pesquera, brinda a las autoridades encargadas del otorgamiento de licencias una base más sólida para realizar la debida diligencia y contribuye a verificar el origen del pescado que circula por las cadenas de suministro globales. Se trata de un dato fundamental que los organismos reguladores de otros sectores, desde la banca hasta la minería, exigen desde hace tiempo como práctica estándar, pero que aún no se ha estandarizado en la industria pesquera. 

Panamá, país bajo cuya bandera navegan cientos de buques en todo el mundo, ha realizado esfuerzos sostenidos para fortalecer la transparencia y el control de su flota pesquera. Tras las tarjetas amarillas que recibió de la Unión Europea en 2012 y 2019 por deficiencias en el control de su flota, el país fue corrigiendo el rumbo. En 2019 dio uno de sus pasos más visibles: abrir al mundo los datos de seguimiento de su flota internacional a través del mapa de Global Fishing Watch, convirtiéndose en uno de los primeros países en hacerlo. La incorporación de la información del beneficiario final constituye el siguiente paso en ese proceso.

En 2025, durante la Conferencia Nuestro Océano en Busan, Corea del Sur, Panamá anunció su intención de fortalecer la recopilación de información sobre el beneficiario final de toda su flota pesquera de servicio internacional y avanzar hacia su publicación como información de acceso público . 

Global Fishing Watch trabajó junto a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) para recorrer ese camino, ayudando a identificar los pasos legales, técnicos e institucionales necesarios para convertir ese compromiso en una realidad. 

El esfuerzo conjunto combinó el apoyo técnico de Global Fishing Watch con el liderazgo de las autoridades panameñas en la implementación de las nuevas medidas. Como parte de ese proceso, las autoridades mantuvieron conversaciones con los representantes legales de los propietarios reales de las embarcaciones para aclarar que facilitar esa información no era una novedad, sino una obligación ya recogida en la normativa vigente del país.

El hito histórico se produjo en junio de 2026. Justo antes de la 11.ª Conferencia Nuestro Océano en Mombasa, Kenia, la ARAP rompió décadas de anonimato marítimo al publicar los datos de UBO de decenas de embarcaciones de su flota internacional. Si bien algunos puntos de datos aún no se han publicado en el sitio web oficial de Panamá, los cimientos del registro ya están construidos —un precedente imparable para el futuro de la gobernanza pesquera— y el trabajo continúa.

Panamá está aprovechando este impulso para avanzar en la próxima fase de la reforma. En lugar de relegar la transparencia a un papel secundario, la ARAP ya ha adoptado una resolución administrativa que incorpora directamente al beneficiario final en el proceso de prerregistro de los buques.

Al garantizar que la transparencia sea un requisito desde el primer día, Panamá consolida los avances alcanzados en los últimos años: la Ley de Pesca de 2021, que creó un marco de políticas y regulaciones sustentado en el conocimiento científico; la digitalización completa de los registros de licencias y sanciones; y la publicación, en junio de 2026, de los datos de seguimiento de cerca de 200 embarcaciones de la flota pesquera nacional de Panamá en el mapa de Global Fishing Watch.